Realizado por: Lic. Francisco Vallejo Fernández, Asesor Legal

Hoy en día, RECOPE se encuentra explorando diferentes mecanismos legales que permitan llevar a cabo la contratación de una forma más eficiente y eficaz, procurando la reducción de plazos y costos, sin mermar la calidad técnica requerida, en el afán de brindar seguridad energética al país, lo que va de la mano con la independencia energética que, en parte, se plasmaría con la posibilidad de contar con una terminal en el Pacífico en el menor tiempo posible.

El primero de estos mecanismos legales a contemplar es la Licitación Pública, uno de los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, modalidad mediante la cual se realiza un concurso público, abierto a la participación de todos los interesados, entre los que se selecciona a la firma más idónea que cumpla con los requisitos técnicos, financieros y legales establecidos, la que puede ser una empresa que participa de manera independiente, o mediante un consorcio, entendido este como una asociación de empresas para un proyecto en particular. La firma seleccionada se encargaría de ejecutar el contrato a cambio de un precio determinado, durante el plazo establecido, y conforme a las condiciones técnicas que RECOPE solicite.

Si bien dentro de las bondades de este procedimiento está la transparencia, conlleva riesgos inherentes, entre ellos la posibilidad de recursos de apelación que dilaten el inicio de las obras, y problemas financieros sobrevinientes de la adjudicataria que interrumpan la ejecución del contrato, situación que se ha dado previamente en proyectos de gran envergadura; riesgo que podría agravarse con la pandemia actual.

De igual forma, este procedimiento podría realizarse como parte de un mecanismo participativo, donde la empresa pública como la iniciativa privada reúnan esfuerzos, capacidades técnicas y financieras, para la correcta ejecución del proyecto, asignando la administración riegos y beneficios en porcentajes determinados. Es decir, en términos generales, recurrir a las denominadas Alianzas Público-Privadas (APP), dentro de los márgenes que las regulaciones legales establecen, y bajo principios de transparencia y sana administración de los fondos públicos. Mecanismo muy atractivo que se encuentra actualmente en estudio, bajo la óptica de RECOPE de impulsar las alianzas públicas y privadas en diferentes actividades, en vías de lograr una Costa Rica más próspera y limpia.

Esto presenta la gran ventaja de que RECOPE, ante un interesado que le ofrezca realizar la APP, puede conocer desde un principio cómo formula este su propuesta técnica a fin de estudiar si resulta de su interés, incluso de previo a publicar el concurso por autorización de la normativa que regula la figura, pero presentándose el riesgo de que el postulante, al realizarse el concurso, no resulte adjudicatario, además de la posibilidad de presentación de acciones recursivas.

Otro mecanismo legal bajo análisis es la posibilidad de realizar contrataciones directas, dadas las alternativas que la Ley de Contratación Administrativa confiere para ello, las que se encuentran fuera de los procedimientos ordinarios de contratación administrativa. La posibilidad de contratar directamente a la Corporación Comercial Canadiense (CCC), agencia del gobierno de Canadá, mediante el mecanismo de contratos entre Estados, es una de estas vías en estudio. Esta ofrece la posibilidad de ejecutar el contrato, con una garantía del gobierno de Canadá que, en principio, sería el firmante.

En este caso, se contrataría un servicio que consistiría básicamente en que, CCC, bajo su entera responsabilidad, seleccione una firma de ese país, con la suficiente experiencia y capacitad técnica, solvencia económica y legal, según los requerimientos de RECOPE, para que venga a ejecutar el proyecto dentro del precio y plazo previamente pactados. Si bien, presenta la ventaja de contar con la garantía del gobierno de Canadá, en tiempos de pandemia, y no cabría recursos que pudieran dilatar el inicio de las obras, es importante resaltar que para esto, debe determinarse la posibilidad de que RECOPE, a través del Consejo de Gobierno como su asamblea de accionistas, se pueda beneficiar del mecanismo de contratación entre estados, por lo que de previo se requiere del aval del Consejo de Gobierno, y elevar la consulta a la Procuraduría General de la República.

De igual forma, en este proceso de consultas, deberían ser clarificados, con el apoyo de la Contraloría y la Procuraduría, algunos otros aspectos legales importantes, todo en el marco de la legalidad y la transparencia, a fin de no correr el riego de contravenir la normativa nacional, máxime que no se conocen experiencias previas en el país referidos a la celebración de contratos para obras con CCC.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy